Ya no nos causa sorpresa a los mexicanos, la violación reiterada a la Ley por parte del presidente de la República, pues a través de los años que tiene ejerciendo el cargo de titular del Poder Ejecutivo, es común ver el desprecio que le tiene al estado de derecho, a la legalidad y a la aplicación estricta de la Ley.
Ahora que le toca al “pestilente”, presentar al Senado de la República una terna de personas para la designación de un nuevo Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vuelve a soslayar y vulnerar las normas constitucionales para dicha designación, cometiendo lo que en el argot judicial conocemos como fraude a la Ley, dado que resulta categórico que el articulo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expresamente establece que: Para ser designado Ministro de la Corte, entre otras cosas se requiere, no haber sido secretario de estado, fiscal, senador, diputado federal, o gobernador de una entidad federativa, durante el año previo al día de su nombramiento, además de que un nombramiento de tal magnitud de Ministro del Máximo Tribunal de Justicia de la Nación, deberá de recaer PREFERENTEMENTE, entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad, y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia, y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.
Conforme al texto constitucional, la terna propuesta por el presidente es ilegal, puesto que ninguno de sus candidatos a ocupar tan honroso cargo, reúne en su persona las características o cualidades que exige y obliga nuestra Carta Magna, pues Bertha Alcalde, Abogada de Cofepris, y hermana de la actual Secretaria de Gobernación; Lenia Batres, hermana del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ni mucho menos María Estela Ríos, Consejera Jurídica de la Presidencia, no son parte de la Judicatura Federal, es decir, no tienen ninguna experiencia como impartidores de justicia, ninguna de ellas ha ejercido con eficiencia, honorabilidad, y probada capacidad jurídica dentro del Poder Judicial Federal, ya que no han sido Magistrados, Jueces de Distrito, Secretarios de Tribunal, Actuarios Judiciales, ni siquiera han ejercido como auxiliares judiciales, que es el cargo de inicio de una carrera judicial, mucho menos han destacado en el ámbito de la práctica de la abogacía, ni vienen a ser Juristas destacados, de ahí, que tal propuesta de nombramiento resulte ilegal, mas aún, porque todas ellas carecen de la autonomía de criterio jurídico para emitir una sentencia de un Tribunal Constitucional, pues es evidente la sumisión manifiesta que le tienen a López Obrador, así como su publica militancia activa en MORENA, partido político que solo le sirve a los fines y locuras presidenciales del mitómano que hoy nos gobierna.
En ese sentido, la maniobra legaloide que esta utilizando López Obrador junto con sus esbirros senadores de morena y sus pérfidos aliados, evidencia una fragrante violación a la Ley fundamental de todos los mexicanos, que es nuestra Constitución, ESTILUCIA que esta camuflageada con un fraude a la ley, que a todas luces constituye un ilícito, necedad que nos arriesga a la perdida de nuestras libertades y de la seguridad jurídica de nuestros bienes más preciados, lo que actualiza el riesgo de entrar en un sistema dictatorial y represor, de ahí, la importancia de que en las próximas elecciones los ciudadanos bien nacidos saquemos a esos delincuentes del poder, porque hoy más que nunca tiene vigencia el lema de los mexicanos libres, en el sentido, de que, “Si en las urnas perdimos el País, en las Urnas hay que Rescatarlo.”